Campesinas paraguayas se exponen a prisión por oponerse a siembra de soja

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Cuatro campesinas paraguayas del departamento de San Pedro, en la región oriental de Paraguay, se exponen a la aplicación de prisión preventiva como medida cautelar en la causa en la que están involucradas junto a una treintena de labriegos por oponerse a la siembra de soja en su localidad.
La Coordinadora de los Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), que asumió la defensa de las cuatro mujeres, sostiene que con estas actuaciones la Fiscalía está “criminalizando a las personas por defender un ambiente saludable”, dijo a Efe la abogada defensora, Sonia von Lepel.
La oposición a la plantación de soja en la comunidad de “Mariscal López”, en el distrito de Capiibary de dicho departamento, se inició hace unos cinco años, cuando los pobladores se negaron a aceptar el cultivo de este grano y las fumigaciones con agrotóxicos en varias plantaciones alquiladas a ciudadanos brasileños.
“Son comunidades pequeñas y se hacen inviables las plantaciones de soja. No se puede poner una franja de contención (a la fumigación), afecta a los animales, a los recursos hídricos (…) y enfrente de eso está el colegio y el centro sanitario”, relató la letrada.
Durante las protestas, los lugareños derramaron combustible en un tractor de los que faenaban en las plantaciones, pero niegan que ninguno de los opositores fueran armados o intentaran atentar contra la vida de los trabajadores, según Von Lepel.
Las cuatro mujeres cuentan con una acusación en su contra que incluye ocho tipos penales, entre ellos robo agravado, tenencia de armas o tentativa de homicidio.
Para Von Lepel, se trata de “tipos penales insostenibles y una acusación genérica”, y sostiene que la carpeta fiscal carece de “elementos probatorios” contra las campesinas.
La defensa solicitó al Ministerio Público un cambio en la calificación, para “quitar el crimen y quedar con los delitos”, lo que implicaría que se desestimara, entre otras, la acusación por tentativa de homicidio.
No obstante, la petición fue rechazada y ahora se encuentra en fase de recurso.
El proceso contra las campesinas se inició en noviembre de 2018 y se impuso una orden de captura contra ellas, según las declaraciones de su abogada.
“Ellas estuvieron prófugas durante seis meses porque las primeras diligencias del Ministerio Público fue capturarlas. Se fueron a vivir al monte”, expresó Von Lepel.
Esa orden se levantó más tarde y las mujeres, todas mayores de 30 años, pudieron regresar a sus casas.
Las cuatro campesinas esperan la decisión provisional de la Justicia en la audiencia a la que se someterán el próximo 17 de junio y en la que se podría decretar prisión preventiva.