Asunción, 28 oct.- Grupos de campesinos se movilizaron en distintos puntos del país sudamericano con cortes intermitentes de carreteras y concentraciones, en protesta contra los desalojos de las tierras que ocupan y la represión policial empleada.

La jornada de movilizaciones se desarrolló de forma pacífica, después de que la Federación Nacional Campesina (FNC), la organización que convocó las protestas y la mayor del sector, pactara con el Gobierno la duración del bloqueo de las vías para evitar la intervención policial.

Los cortes de ruta fueron acompañados por pequeñas concentraciones en los principales municipios del país, como en Asunción, donde los campesinos instalaron de forma indefinida una carpa en una plaza del centro para informar a la ciudadanía sobre sus reivindicaciones.

“Hacemos un llamado a todos los campesinos pobres y a los indígenas a salir a manifestar, cerrar calles, cerrar rutas y así poder denunciar las políticas implementadas por este Gobierno”, expresó César Rivero, uno de los organizadores.

Los pequeños productores llevaron hasta la capital lonas, colchones, ollas y utensilios de cocina para el tiempo que dure su presencia, mientras repartían octavillas a los viandantes y a la espera de una respuesta por parte de las autoridades.

Desde la organización denuncian que hay cerca de 800 asentamientos o colonias en todo el país bajo la amenaza de un desalojo, como consecuencia de las denuncias presentadas por los propietarios legales de la tierra.

Además, alertaron de que la derogación del protocolo del 2012, que establecía las fases y regulación previa para desalojar los asentamientos, puede favorecer que se incrementen las expulsiones.

“Los latifundistas, principalmente los sojeros, ganaderos y agroexportadores, están desalojando a las comunidades campesinas con la complicidad de la policía, los fiscales y las autoridades nacionales”, afirmó Rivero.

Las movilizaciones también han permitido que los campesinos eleven la voz para alertar de problemas del sector como la falta de ayudas para la producción o las consecuencias del contrabando ilegal de frutas y verduras provenientes de otros países de la región.

“Hemos tenido muchas pérdidas en nuestra producción”.

“No queda otra salida más que movilizarnos para pedir algunas explicaciones al Estado porque el contrabando goza de buena salud pero la producción nacional se está eliminando”, agregó Rivero.

LA RESPUESTA DEL ESTADO La movilización provocó una rápida respuesta del Gobierno con la comparecencia ante los medios del presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Mario Vega, para mostrar su compromiso con la compra pública de tierras y potenciar la negociación entre las partes.

Vega indicó que el ente medió con los dueños y los ocupantes para lograr un acuerdo “de suspender todas las acciones judiciales que tiendan a desalojar a los pobladores”.

Sin embargo, aclaró que el Indert tiene una deuda de 71 millones de dólares por la compra de terrenos a sus propietarios, de los cuales 32 millones corresponden a fincas adquiridas y otros 38 millones a expropiaciones.

Y agregó que de los más de 12,6 millones presupuestados para el pago de esta deuda en el presupuesto del año 2019, apenas se ha ejecutado un 35 % de la partida.

Ante esta situación, el presidente del Intert anunció que han acordado el pago en este curso de cerca de 4,6 millones de dólares que adeudan a los propietarios, una medida de la que se beneficiarían 1.600 familias de campesinos.

En ese sentido, Vega hizo “llegar un mensaje al pueblo campesinado de que no habrá ningún desalojo sobre esas parcelas o de las colonias que se encuentran en proceso de adquisición definitiva”.

Paraguay es el país con mayor concentración en la propiedad de la tierra del mundo, ya que el 90 % de los terrenos pertenece a apenas el 5 % de los propietarios, según los datos de la ONG Oxfam.