Diputados declara en emergencia las cárceles de Paraguay tras baño de sangre

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Los diputados paraguayos aprobaron hoy una declaración de emergencia de los centros penitenciarios del país tras el motín ocurrido hace nueve días en la cárcel de San Pedro de Ycuamandyyu, que se saldó con diez muertos y varios heridos.
La Cámara de Diputados, de 80 miembros, aprobó la emergencia con 42 votos a favor, 24 en contra y 2 abstenciones, y la medida durará 365 días, lapso en que el Ministerio de Justicia podrá contratar personal, bienes y servicios de forma excepcional.
El proyecto de ley, que ahora debe ser debatido por el Senado, también autoriza el empleo de la fuerzas pública, la policía nacional y las fuerzas armadas para garantizar la seguridad en torno a las cárceles, según el texto remitido a Efe por fuentes de ese cuerpo legislativo.
Asimismo, se faculta al Ministerio de Hacienda “a realizar ampliaciones y modificaciones presupuestarias para el Ministerio de Justicia” por decreto del Poder Ejecutivo sin el rigor de la normativa que regula la administración financiera del Estado.
La Cámara Baja se decantó por uno de los tres proyectos debatidos en comisiones sobre la crisis penitenciaria, que se agudizó tras el enfrentamiento del 16 de junio pasado entre clanes criminales en la cárcel de San Pedro de Ycuamandyyu, 325 kilómetros al norte de Asunción.
El baño de sangre protagonizado por adherentes locales del grupo criminal brasileño Primer Comando Capital (PCC) y el Clan Rotela, que controla la distribución de drogas al interior de las cárceles, acabó con seis decapitados, tres calcinados y uno que murió por heridas de arma blanca, así como nueve heridos.
La decisión parlamentaria se produjo dos días después de que una cumbre de representantes de los tres poderes públicos anunciaran el impulso de una serie de medidas administrativas y jurisdiccionales para descomprimir el hacinamiento de los centros penitenciarios.
Al respecto el ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, se refirió a la revisión de la ley que rige las medidas sustitutivas a la prisión, el uso de brazaletes electrónicos, la depuración de las causas penales, el empleo de tribunales unipersonales para acelerar los procesos y la construcción de nuevos centros de reclusión.
Por su parte, el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, anunció el mismo día la expulsión de 120 presos brasileños para que fueran procesados en su país, de los cuales unos 60 pertenecen al PCC o al Comando Vermelho, facciones que operan desde hace años en las cárceles paraguayas.
Paraguay arrastra un déficit de 11.430 plazas y cada año ingresan más de mil personas al sistema penitenciario del país, lo que explica el actual estado de hacinamiento, según el organismo oficial Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).