Asunción, 4 feb. – En sesión extraordinaria y por la falta de quórum provocada por los partidos mayoritarios, la Cámara de Diputados de Paraguay aplazó este martes, la votación sobre el proyecto de ley relativo a la ampliación de la normativa de la declaración jurada de bienes de los funcionarios.

Las modificaciones buscaban que los directores, accionistas y gerentes de empresas privadas que prestan servicios al Estado presentaran sus declaraciones juradas de bienes, al igual que ya hacen los funcionarios públicos.

Los legisladores habían logrado dar el visto bueno en general al proyecto de ley, pero a la hora de votar artículo por artículo surgieron discrepancias entre los diputados por las modificaciones que introducía.

Ante esa situación, el presidente de la Cámara Baja abrió la votación para postergar el tratamiento, consulta que resultó negativa, por lo que los diputados que se oponían a debatir los puntos este martes abandonaron la sala y dejaron la sesión sin quorum.

El tratamiento se aplazará hasta después del receso parlamentario, en marzo.

Los diputados de los partidos en mayoría se opusieron a estos cambios y alegaron razones como la seguridad personal o el derecho a la intimidad.

El diputado Basilio Núñez, del gobernante Partido Colorado, leyó ante la Cámara Baja el artículo de la Constitución paraguaya que reconoce el derecho a la intimidad.

Por su parte, Édgar Ortiz, del Partido Liberal, el mayor de la oposición, consideró que la exposición pública de los bienes patrimoniales podría propiciar ataques hacia sus poseedores.

“Estamos haciendo una invitación a los delincuentes al secuestro”, comentó Ortiz, al relacionar el carácter público que adquiriría esta información con el acceso a ella por parte de posibles criminales.

En su argumentación, el liberal también alegó que ya se cuenta con la supervisión de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía y de la Contraloría, por lo que consideró innecesario hacer públicos esos datos.

La diputada de Encuentro Nacional Kattya González criticó las palabras de Ortiz y su “imaginación” a la hora de ligar los secuestros con la publicación de las declaraciones de bienes.

“La declaración patrimonial surge como un contrapeso al abuso de poder”, apuntó la legisladora.

Antes de discutir ese punto, los diputados aprobaron la versión de la Ley de Financiamiento Político propuesta por el gubernamental Partido Colorado, que conllevó el rechazo de un proyecto inicial opositor que apuntaba a un control más férreo de los fondos para las campañas políticas.

La versión del oficialismo dejó fuera el estudio de la trazabilidad del dinero que financia las campañas electorales, tanto las partidarias como las legislativas, y excluye también la rendición de cuentas de cada candidato.