Asunción, 23 ene. – Promulgada en septiembre de 2019 y por un año, el Ministerio de Justicia no descarta ampliar la Ley de Emergencia Penitenciaria, para reforzar con presencia militar y policial la seguridad perimetral de las cárceles.

La medida ha cobrado mayor vigencia tras la fuga este domingo de más de 70 reclusos del Primer Comando Capital (PCC), el mayor grupo criminal brasileño, de la penitenciaria de Pedro Juan Caballero, frontera con Brasil, un hecho que ha vuelto a mostrar las debilidades del sistema penitenciario.

“Nosotros creemos que sí va a ser necesario ampliar la vigencia de la Ley. Por lo menos hasta que termine la construcción de los centros penitenciarios y podamos hacer los traslados de las personas privadas de libertad y trabajar con un poco más de expansión”, dijo a Efe la ministra de Justicia, Cecilia Pérez.

El Ejecutivo planteó la Ley de Emergencia Penitenciaria como respuesta a los amotinamientos, fugas y asesinatos que se produjeron en diversas penitenciarías del país, donde conviven miembros deL PCC y del Comando Vermelho, la otra organización criminal brasileña que opera en Paraguay.

La normativa, con vigencia de un año, contemplaba un aumento de la seguridad exterior con presencia de militares y policías, la contratación de personal de prisiones en carácter de excepción y un aumento de la partida presupuestaria del Ministerio, que pasó de unos 2,2 millones de dólares a más de 3,7 millones de dólares en 2019.

Además, el Ejecutivo había autorizado en junio del año pasado las licitaciones para construir tres nuevas cárceles en el país, dos en la localidad de Emboscada, a 40 kilómetros de Asunción, y otra en Minga Guazú, en el departamento de Alto Paraná, cerca de la frontera con Brasil.

De esta forma, el Ejecutivo pretende descongestionar el hacinamiento y la sobrepoblación que existe en los penales del país.

La ministra de Justicia estimó que las obras terminarán “en 16 meses desde que iniciaron”, por lo que espera que estén habilitadas “para mitad del año próximo”.

No obstante, Pérez reconoció que esa medida “no es la ideal”, pero el país necesita “más centros penitenciarios porque la población penitenciaria está creciendo”.

“Lo ideal siempre en un país no es construir más cárceles. Los seres humanos nacimos en libertad y creemos que así tienen que permanecer. Las medidas que se toman en este caso realmente son extremas”, apuntó.

Pérez abogó por trabajar en “un rediseño de la política criminal”, en línea con lo establecido por la Constitución paraguaya y los compromisos jurídicos internacionales de respeto a los Derechos Humanos.

Del mismo modo, la ministra planteó que la actual política criminal puede tener “un enfoque en extremo punitivo”, que genera un abuso de la prisión preventiva, y una orientación “netamente de represión y no de prevención”.

El abuso de la prisión preventiva es una de las principales denuncias del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), que lo señalan como causa del hacinamiento en los centros penitenciarios paraguayos.

Los datos del MNP hablan de una capacidad en las cárceles para 4.310 internos, por lo que, según sus números, faltan 11.000 plazas.

Los cálculos del MNP, basados en recomendaciones internacionales, sostienen que una persona necesita un espacio de siete metros cuadrados y que en una prisión no debe haber más de 500 reclusos.