Empresarios apoyan que militares luchen contra grupos delictivos en Paraguay

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El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor (c), participa este martes en una reunión con los gremios de la producción en Asunción.

La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) de Paraguay respaldó este martes la idea del Ejecutivo de militarizar la seguridad pública para combatir la acción de los grupos criminales brasileños que operan desde cárceles, en un debate que divide a las fuerzas políticas.

En ese sentido, el presidente de la Feprinco, Gustavo Volpe, indicó a los periodistas que la patronal apoya la participación de los militares en una fuerza combinada con la policía, tal y como se da en el norte del país contra la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que se financia con secuestros y ataques a productores ganaderos.

“Si es necesario que el Ejército acompañe a combatir la guerrilla y todos los delitos que hay, para nosotros en la desesperación creo que debemos aceptar esto”, dijo Volpe tras una reunión con el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor.

Volpe, junto a otros dirigentes de la mayor patronal empresarial del país, se reunió con Villamayor y otros mandos de la seguridad pública para analizar la situación de la seguridad interna tras la liberación de un líder local del grupo criminal brasileño Comando Vermelho tras un ataque a un furgón penitenciario y una patrulla policial que lo custodiaba.

En este ataque, ejecutado el pasado día 11 en un avenida de acceso a Asunción, murió el comisario Félix Ferrari y acabó con la liberación de Jorge Samudio, alias Samura, señalado como líder de una estructura que trafica cocaína a Brasil, en momentos en que era llevado a la prisión tras comparecer en los tribunales.

Este hecho, que causó el relevo del ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, y del Comandante de la Policía, Walter Vázquez, se suma a otros actos de violencia protagonizados en los últimos meses por seguidores locales del grupo brasileño Primer Comando Capital (PCC), en número cada vez mayor en las cárceles paraguayas.

Por ello, el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, anunció que esta semana presentará al Parlamento un proyecto de enmienda de la Carta Magna para dotar a las Fuerzas Armadas de poderes para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado.

“Si no se devuelve la institucionalidad al Paraguay va a ser muy difícil que podamos ganar el combate contra los clanes criminales que se aprovechan de que nuestras fuerzas policiales no tienen los recursos”, afirmó Volpe.

El empresario afirmó que la falta de recursos de la fuerza pública permite que “los criminales que vienen de afuera” operen sin mucha oposición y “alto poder de fuego”, por lo que comprometió el apoyo de la Ferpinco a iniciativas para dotarla de mayores recursos o de efectivos en el Congreso.

Explicó que Paraguay cuenta con 22.000 agentes de policía, buena parte de ellos asignado a tareas no vinculadas a la seguridad pública, frente a los 66.000 que los organismos de las Naciones Unidas consideran que el país debe tener.

“Necesitamos que la policía esté en las calles, combatiendo la delincuencia y no protegiendo solamente a los políticos o algunos privilegiados”, enfatizó.

La seguridad interna “es un problema fundamental y pretendemos que seamos convocados para analizar todas las situaciones en este momento de desaceleración económica”, señaló Volpe.

Añadió que la reciente revisión de la ley de prisiones preventivas para descomprimir las saturadas cárceles del país también contribuyó a la sensación de inseguridad.

“Vemos que 6.000 presos que estaban antes en las penitenciarias salieron a las calles y, obviamente, con la recesión no hay forma de que puedan ocuparse de alguna actividad lícita y por lo tanto vuelven a delinquir”, refirió el empresario

A este respecto, el nuevo comandante de Policía Nacional, comisario Francisco Resquín, anunció que está en marcha una auditoría interna para determinar cuántos agentes trabajan diariamente en las calles y cuántos “comisionados como seguridad” en tareas de protección de políticos o grandes tiendas.

En Paraguay, la creciente acción de las organizaciones criminales brasileñas ha obligado al Gobierno a la expulsión selectiva de reclusos a su país de origen, un total de 170 hasta ahora de los 400 que hay en las cárceles del país, según datos del Ministerio del Interior.