Se pide Prisión preventiva para senador paraguayo por presunto desvío de fondos

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La Fiscalía pidió este lunes prisión preventiva para el senador oficialista Javier Zacarías tras imputarle por su presunta participación en un desvío de dinero público de Ciudad del Este, segunda urbe de Paraguay, para pagar campañas de publicidad como “posicionamiento político personal”.
La investigación del senador se suma a la de su esposa, Sandra Mcleod, la destituida intendenta de Ciudad del Este, que fue imputada el pasado enero por un presunto delito de lesión de confianza en esta misma causa.
Los agentes fiscales encargados del caso informaron en una rueda de prensa de que se está investigando una partida destinada a actividades de comunicación que asciende a más de 2,7 millones de dólares (17.000 millones de guaraníes) correspondiente al periodo 2014-2018.
René Fernández, uno de los fiscales del caso, declaró que la investigación deberá dirimir cuáles fueron los gastos reales para esas campañas y aquellos que no correspondían a los fines institucionales de Ciudad del Este.
La solicitud de la Fiscalía de la prisión preventiva para Irún como medida cautelar fue argumentada con base a un intento de obstrucción de la investigación.
“Tenemos elementos de prueba concretos de que se estuvo y se está pretendiendo obstruir la investigación del Ministerio Público con la inducción a la provisión de informes falsos”, expresó Fernández.
Otras siete personas, entre ellas varios empresarios y funcionarios municipales, están siendo investigados por su supuesta participación en la trama de desvío de dinero.
Las pesquisas se iniciaron a raíz de la información obtenida de la Municipalidad mientras estuvo intervenida por el Poder Ejecutivo, entre diciembre y febrero.
Después de ese periodo, la Cámara Baja destituyó a Mcleod de su cargo como intendenta de Ciudad del Este, al detectar numerosas irregularidades en el informe de intervención.
Paralelamente, la Fiscalía abrió otra causa al matrimonio, conocido en los medios como el “Clan Zacarías”, por haber falseado presuntamente sus declaraciones de bienes y cuentas, obligatorias para los cargos públicos.
El senador fue despojado de sus fueros parlamentarios el pasado 7 de febrero por este motivo.
Estas imputaciones se suman a la investigación abierta en septiembre de 2018 contra el matrimonio y varios de sus familiares por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal.