Unicef pide a Paraguay que no castigue la maternidad por caso de militar

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La directora regional de Unicef para América Latina y el Caribe, María Cristina Perceval, de visita en Paraguay, pidió este miércoles al país que “no castigue” la maternidad, preguntada sobre el caso de la militar arrestada por pedir permiso en 2016 para amamantar a su hijo.
Perceval dijo ante los medios, tras una reunión con miembros del Ejecutivo en el palacio gubernamental de Asunción, que “en un país como Paraguay que tiene una ley de lactancia materna, que ha puesto como política prioritaria la primera infancia (…) la lactancia materna no puede ser un delito (ni) debe ser objeto de sanción disciplinaria”.
La directora regional de Unicef se mostró así a favor de la teniente de las Fuerzas Armadas paraguayas Carmen Quintero, a quien la semana pasada, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó la sentencia de arresto domiciliario de 45 días por una “falta a la disciplina militar”.
El dictamen entiende así, como las instancias anteriores, que la solicitud que Quintero envió a su superior en 2016 para que se le permitiera no cubrir unas guardias de 24 horas para amamantar a su hijo, utilizaba términos “agraviantes”, al estar escrita en “imperativo”, según explicó a Efe la defensa de Quintero.
Perceval añadió que “las instituciones a veces van a destiempo de la realidad”, pero que “tendrán que acomodarse a que en democracia ingresaron las mujeres en las Fuerzas Armadas”, por lo que deberán “acomodar las normas de disciplina” y “revisar el código de Justicia Militar”.
En esa línea se pronunció la ministra de la Niñez y la Adolescencia, Teresa Martínez, que participó en la reunión con Unicef, que se mostró favorable a “promover los cambios que se tengan que promover para que esto no se repita en cualquier circunstancia”.
Paralelamente, la diputada del opositor Partido Liberal, Celeste Amarilla, presentará este miércoles una declaración en la Cámara Baja para instar al Gobierno a que indulte a Quintero, según confirmó a Efe el abogado de la militar, Carlos Mendoza.
Sin embargo, el presidente, Mario Abdo Benítez, aseguró ayer que escapaba a sus atribuciones interceder por Quintero al ser una “sentencia de la Corte” Suprema, contra la que no cabe recurso, y que no podía “ir en contra de la ley”.
La defensa de Quintero, que sostiene además que la Justicia no tuvo en cuenta la prescripción del hecho, no descarta elevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).